COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. La polémica volvió a encenderse por la Autopista Medellín-Bogotá.
La discusión se centra en el tramo El Santuario-Caño Alegre, de 135 kilómetros. Por esa vía transitan 4.500 vehículos diarios, según la nota.
Políticos y gremios antioqueños describen el corredor como un «monumento a la desidia». También señalan inseguridad, accidentalidad e inestabilidad de taludes.
La Asamblea Departamental pidió acciones urgentes. Propuso intervención técnica prioritaria, supervisión de acuerdos de pavimentación y revisión de peajes locales.
José Luis Noreña dijo que el recaudo por peajes asciende a 120.000 millones de pesos. También afirmó que al tramo solo le invierten entre 10.000 millones y 20.000 millones al año.
«¿Dónde está el resto de la plata?», cuestionó Noreña.
El diputado sostuvo que las reparaciones han sido superficiales. También dijo no conocer un diagnóstico reciente de Invías.
En paralelo, Esteban Quintero radicó un proyecto de ley. Busca que el 100 % del recaudo de peajes se invierta en el mismo corredor donde se cobra.
Quintero afirmó que la norma no cambiaría quién administra las carreteras. Dijo que, en la Medellín-Bogotá, seguiría Invías.
El congresista agregó que el argumento oficial fue destinar recursos a otras vías, como la del Chocó. Según él, eso no corrigió el deterioro del corredor antioqueño.
Juan Camilo Aguirre, de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, defendió la obra como clave para productores, comerciantes y turistas.
La discusión deja una señal incómoda para el contribuyente. Si el peaje existe para mantener la vía, la vía debe notarlo.
También queda en evidencia un problema de incentivos. Cuando el dinero del corredor termina en otros frentes, la burocracia gana y el usuario pierde.
La prioridad no debería ser política. Debería ser una carretera segura, operativa y financiada con transparencia.
