ESTADOS UNIDOS (Pulso) — La Corte Suprema de Estados Unidos actuó el 24 de agosto. Suspendió la cautelar que bloqueaba las secciones 2 y 3 de la Orden Ejecutiva 14399 de Donald Trump.
El tribunal no resolvió si las medidas son legales. Determinó que los 23 estados demandantes y el Distrito de Columbia presentaron su impugnación demasiado pronto. No podían demostrar perjuicio concreto e inminente.
Las juezas Sotomayor y Kagan rechazaron el criterio de la mayoría. Jackson presentó una disidencia separada.
El punto crítico para noviembre está en otra causa. La jueza Talwani, del Distrito de Massachusetts, dictó el 11 de agosto una orden separada. Esa orden prohíbe al USPS aplicar las nuevas reglas para las elecciones federales del 3 de noviembre. Associated Press confirmó que esa cautelar seguía vigente tras el fallo. La administración Trump presentó el mismo lunes 24 de agosto una moción para levantarla.
El USPS ya tiene lista su norma final. Exige que los funcionarios electorales carguen en un portal federal el nombre, dirección del destinatario, estado emisor y códigos de barras de los sobres. El organismo verificará el código de barras antes de aceptar cada envío. Si no cumple, lo devuelve. El USPS aclaró que no verificará ciudadanía ni elegibilidad individual.
El propio USPS advirtió: no aplicará las disposiciones mientras sigan vigentes las cautelares. Carolina del Norte comenzará a enviar boletas a militares y ciudadanos en el exterior el 4 de septiembre. El margen es estrecho.
CNN destacó el principio Purcell. Esa doctrina desaconseja modificar reglas electorales cerca de una elección. Si el litigio se extiende, el DOJ podría argumentar que ya es tarde para intervenir.
Desde la línea de Pulso Global: el decreto de Trump apunta a un objetivo legítimo, verificar que las boletas postales lleguen a destinatarios reales. La resistencia judicial de 23 estados revela cuánto depende el aparato demócrata del voto por correo sin controles robustos. El principio Purcell, paradójicamente, podría proteger el statu quo que Trump busca reformar. La batalla seguirá en los tribunales, con el calendario electoral como árbitro involuntario.
