COLOMBIA (Pulso) — Una denuncia penal reveló contrataciones irregulares en la recta final del gobierno de Gustavo Petro. Setenta y cuatro funcionarios y exfuncionarios habrían firmado contratos con el Estado pese a tener inhabilidades vigentes.
La cifra total: 147 contratos por $8.003.719.492, según reveló Noticias RCN.
La denuncia fue presentada por el representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático. Según el congresista, se trata de tres delitos: falsedad material en documento público, uso de documento falso y fraude procesal.
Briceño detalló el presunto modus operandi. «10 personas de estas 74 subieron su certificado en el portal de contratación, diciendo que estaban inhabilitados, y aún así los contrataron», dijo. Según el representante, otras 41 habrían falsificado su certificado de inhabilidades e incompatibilidades. Las 23 restantes habrían omitido esa información.
Un caso citado por Briceño: Rubén Darío Díaz Arango, exprocurador provincial de Guateque, Boyacá. Registra una inhabilidad hasta 2031. Según la denuncia, mantiene contrato vigente con la Jurisdicción Especial para la Paz.
Briceño pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que investigue los 74 casos. También cuestionó al procurador general, Gregorio Eljach, por lo que calificó como falta de acción frente a la participación en política de funcionarios durante el gobierno de Petro.
El congresista anunció que próximamente entregará información sobre empresas que, según él, siguen contratando con el Estado pese a inhabilidades, ocultas detrás de uniones temporales.
El caso expone una falla de fondo: los controles del Estado para verificar antecedentes de quienes manejan dinero público fallaron, según la denuncia, en al menos 74 ocasiones. Son más de ocho mil millones de pesos de los contribuyentes que habrían llegado a manos inhabilitadas por la ley. La recta final de una administración no debería ser sinónimo de menor vigilancia sobre el gasto público; la denuncia de Briceño pone esa premisa en entredicho.
