ECUADOR (Pulso) — Confirmado. La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interceptó este miércoles una embarcación en aguas internacionales del Pacífico Oriental. La nave operaba como estación flotante de reabastecimiento de combustible.
Según el comunicado, la operación se hizo «bajo la dirección» del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, y «en coordinación y colaboración» con el Gobierno de Ecuador. La lancha fue abordada, registrada y despejada «sin incidentes».
Las personas a bordo fueron transferidas «de forma segura» a las autoridades ecuatorianas. Una vez asegurada la embarcación, las fuerzas estadounidenses la hundieron.
Donovan advirtió: «Estamos tomando medidas decisivas para desmantelar y destruir las sofisticadas redes logísticas que utilizan los narcoterroristas». El Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó el operativo y calificó al Comando Sur como «aliado».
Es la segunda nave hundida en menos de una semana. El viernes anterior, EE.UU. destruyó otra embarcación con el mismo propósito, también vinculada a Los Choneros.
El grupo, con vínculos con el Cártel de Sinaloa, es la organización criminal más antigua de Ecuador. Washington lo designó organización terrorista junto a Los Lobos y los Chone Killers.
La operación coincide con el primer aniversario de la campaña militar estadounidense contra embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. El balance supera los 220 muertos, sin señales de que Washington la detenga.
Human Rights Watch exige a EE.UU. rendir cuentas por 227 muertes en estos ataques. La organización las califica de «ejecuciones extrajudiciales», según reportes citados.
Este tipo de operativos refleja una prioridad clara: cortar la logística del crimen organizado antes que discutir procedimientos en tribunales lentos. La cooperación entre Quito y Washington, sumada a los acuerdos con Colombia en zonas fronterizas, apunta a un modelo de presión sistémica sobre el narcotráfico. Las críticas de organismos como HRW plantean un debate legítimo sobre garantías, pero no cambian el hecho central: la logística del narcoterrorismo en el Pacífico sigue bajo ataque directo.
