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Estados Unidos mantiene a Colombia en nivel 2 y deja presión sobre su respuesta contra la trata

Confirmado. El Departamento de Estado conserva a Colombia en nivel 2 por trata de personas y marca retos en investigación, protección y judicialización. Washington reconoce esfuerzos, pero exige más resultados.
viernes 9 de octubre de 2026 · 09:38 UTC

Colombia permanece en el nivel 2 del Informe sobre Trata de Personas de 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La categoría agrupa a los países cuyos gobiernos no cumplen plenamente los estándares mínimos de la ley estadounidense, aunque realizan esfuerzos significativos para alcanzarlos. La evaluación corresponde al periodo entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la clasificación señala retos en investigación y judicialización de responsables, imposición de condenas adecuadas, identificación y protección de víctimas, y prevención. La información general divulgada sobre el informe no precisa cuáles fueron los principales problemas específicos de Colombia.

El Departamento de Estado organiza a los países según el cumplimiento de los estándares de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Estados Unidos. El nivel 2 no implica que un gobierno haya dejado de actuar contra este delito. Reconoce esfuerzos relevantes, aunque todavía insuficientes para cumplir plenamente los parámetros de Washington.

Colombia comparte el nivel 2 con México, Brasil, Ecuador, Perú, Panamá, Guatemala, Honduras, India, Japón, Italia, Suiza, Tailandia, Ucrania y Nueva Zelanda, entre otros.

A nivel regional, el informe muestra menos judicializaciones, más condenas y menos víctimas identificadas en el hemisferio occidental entre 2024 y 2025. Las judicializaciones bajaron de 1.860 a 1.493. Las sentencias condenatorias subieron de 662 a 855. Las víctimas identificadas cayeron de 22.417 a 20.910.

La señal de Washington importa. No se trata solo de una etiqueta diplomática. Se trata de capacidad estatal para investigar, castigar y proteger. Cuando el aparato público no cierra esas brechas, el costo recae sobre las víctimas y sobre la credibilidad institucional.

También queda una advertencia para Bogotá. El reconocimiento de esfuerzos no alcanza si la respuesta sigue corta frente a los estándares exigidos. En esta materia, el orden legal no puede quedarse en diagnóstico. Debe traducirse en condenas, protección y prevención reales.

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