COLOMBIA (Pulso) — La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación contra Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol, por presunto lavado de activos. El caso arranca en su rol como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
El dato central del expediente es contundente. Entre 1995 y 2021, Roa habría registrado operaciones aproximadas por $10.000.000.000. Pero entre el 26 de enero y el 1 de junio de 2022 habría movilizado cerca de $63.677.000.000 a través de siete productos financieros, principalmente en Confiar y Coofinep, según un documento del ente investigativo citado por Semana.
La Fiscalía sostiene que esos recursos no habrían pasado por la cuenta oficial de la campaña. Habrían ingresado a cuentas personales de Roa. Allí llegaron créditos por montos elevados que, según el expediente, fueron pagados en poco tiempo pese a que, según la investigación, no tendría capacidad económica para responderlos.
El expediente también reporta movimientos internacionales entre enero y junio de 2022: más de $1.500.000.000 en egresos y cerca de $1.700.000.000 en ingresos. Las operaciones involucrarían a Estados Unidos, Panamá, Brasil, Honduras y las Antillas Neerlandesas.
El caso se amplió con dos denuncias adicionales. La primera, presentada por el abogado Sergio Alzate ante la Superintendencia Financiera. La segunda, de la exsenadora Paola Holguín, señala financiación de fuentes prohibidas y superación de topes electorales. En esa denuncia también aparecen mencionadas la exvicepresidenta Francia Márquez Mina y María Lucy Soto Caro, auditora de la campaña.
Paralelamente, la Contraloría General denunció a Roa por su gestión en Ecopetrol. Las conductas bajo examen incluyen, según el documento, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, interés indebido en contratos y recepción de comisiones ilegales. Según la publicación, Roa estaría haciendo acercamientos con la Fiscalía para una eventual colaboración con beneficios jurídicos. Su defensa sostiene que las operaciones cuestionadas se realizaron de forma legal con recursos propios y créditos bancarios.
Pulso Global observa: el expediente dibuja un patrón que va más allá de un error contable. Si los hechos se confirman, el aparato estatal de Ecopetrol y los recursos de campaña habrían operado como vasos comunicantes bajo el petrismo. El libre mercado y el Estado de derecho exigen que ningún funcionario quede blindado por su cercanía al poder. La justicia tiene ahora la palabra.
