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Flávio Bolsonaro promete un endurecimiento penal más duro que el modelo Bukele

El candidato brasileño habló de 500.000 nuevas plazas carcelarias, castración química y penas más largas. El plan pone el foco en orden, propiedad y castigo efectivo al delito.
Imagen generada con IA
miércoles 14 de octubre de 2026 · 12:29 UTC

Confirmado. Flávio Bolsonaro ratificó este martes su discurso de seguridad pública en San Pablo.

El candidato presidencial brasileño aseguró que, si llega al poder, impulsará un programa más severo que el aplicado por Nayib Bukele en El Salvador. Dijo: «Estoy pensando que El Salvador es poco».

Bolsonaro habló con Guilherme Derrite, exsecretario de Seguridad de ese estado y senador electo. Según la fuente, ya conversa con él sobre el tema.

Entre sus propuestas, pidió modificar la legislación en el Congreso. Quiere una pena mínima de ocho años de prisión para quienes roben teléfonos celulares. También sostuvo que los condenados deberían trabajar mientras cumplen la pena.

El dirigente anunció además la creación de más de medio millón de nuevas plazas penitenciarias. La meta busca ampliar la capacidad carcelaria brasileña.

Bolsonaro también defendió la castración química para violadores y abusadores de mujeres y niños. Además, pidió condenas más prolongadas para esos delitos.

En agosto, Bolsonaro se reunió con Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. El encuentro buscó conocer el modelo aplicado por el gobierno de Bukele y evaluar su adaptación a Brasil.

En esa ocasión, también anunció cinco establecimientos federales de máxima seguridad. Además, habló de eliminar o restringir salidas anticipadas permitidas durante el régimen de Lula da Silva.

La propuesta marca un giro de mano dura total. En una región golpeada por el delito, el mensaje apuesta por el orden y la disuasión.

También deja una señal política clara. Bolsonaro intenta capitalizar el reclamo por seguridad con una agenda de castigo, encierro y menos beneficios para delincuentes.

Para los contribuyentes, el debate vuelve al costo del sistema penal y carcelario. Para el Estado, la pregunta es si habrá capacidad para sostener semejante expansión sin más burocracia ni gasto ineficiente.

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