ESTADOS UNIDOS (Pulso) — Cilia Flores permanece en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York. Sus abogados pidieron arresto domiciliario para recibir tratamiento médico por problemas cardíacos.
La solicitud fue rechazada. El 23 de septiembre, la fiscalía recomendó al tribunal denegar la libertad previa al juicio, que debe comenzar el 1 de junio de 2027.
La fiscalía sostuvo que la acusada representa «un riesgo extremo de fuga» y «un peligro claro para los demás y para la comunidad».
Nicolás Maduro Guerra dijo a AFP que su madrastra tiene «un tema en el corazón muy delicado». Agregó que está «con 40 mujeres» y que no ve condiciones para una recuperación plena después de la intervención que, según él, necesita.
También afirmó que Flores tiene un «prolapso» en el corazón. Dijo además que sufrió un problema respiratorio después de que autoridades penitenciarias usaran gas pimienta para controlar una riña.
La fuente identifica a Flores como esposa de Nicolás Maduro, depuesto presidente de Venezuela. También la señala como procesada por narcotráfico en Nueva York junto a Maduro.
Maduro y Flores niegan las acusaciones. El exmandatario dice ser «un prisionero de guerra».
Flores, de 69 años, fue presidenta de la Asamblea Nacional y procuradora general. Analistas la consideran una figura clave dentro del régimen.
El caso vuelve a dejar a la vista el costo humano y político de una trama que involucra a una figura central del poder venezolano. También pone bajo presión al aparato estatal estadounidense, que mantiene la detención mientras la defensa invoca salud y la fiscalía invoca riesgo.
Para el lector, el punto central es simple. El debido proceso importa. También importa que no se use el sistema judicial como atajo frente a acusaciones graves. Aquí chocan salud, seguridad y justicia, con dinero público y libertad individual en juego.
