ITALIA (Pulso) — Entre enero y el 1 de octubre de 2026 arribaron 22.891 personas a las costas italianas. En el mismo período de 2025 habían sido 51.731. La caída fue de 55,75%, según las estadísticas del gobierno de Giorgia Meloni.
El descenso también se notó en septiembre. Entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre hubo 3.290 llegadas nuevas. En el período equivalente de 2025 se habían contabilizado 8.385. La baja mensual interanual fue de 60,76%.
Libia siguió como el principal punto de partida. Desde sus costas salieron 17.748 personas en los primeros nueve meses del año. Un año antes habían sido 43.531. Esa ruta concentró el 77,53% de los desembarcos en Italia.
Argelia quedó segunda y superó a Túnez. Las llegadas desde Túnez pasaron de 3.901 a 2.087. Sicilia siguió siendo el principal destino, con 16.654 personas, equivalente al 72,75% del total.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, declaró que durante 2026 se habían realizado más de 6.500 retornos forzosos y voluntarios asistidos. Además, anunció nuevos procedimientos para habilitar centros de permanencia para la repatriación en distintas regiones del país.
La lectura política es clara. Cuando el Estado ordena la frontera, baja la presión sobre servicios, puertos y contribuyentes. También mejora la señal para el cumplimiento de la ley. Esa es la diferencia entre gestionar un flujo y dejarlo crecer por inercia burocrática.
El dato humano sigue ahí. La OIM informó que al menos 998 personas habían muerto o desaparecido en la ruta del Mediterráneo central desde comienzos de 2026. La evidencia confirma una tensión permanente: más control para frenar el negocio irregular y más vigilancia para evitar nuevas tragedias.
