ESPAÑA (Pulso) — Los militantes de izquierda que acampan en la Puerta del Sol, en Madrid, reconocieron robos dentro del campamento.
Según el programa español Horizonte, uno de los acampados señaló a personas de origen magrebí como responsables de sustracciones dentro de las tiendas de campaña. Durante una asamblea, los participantes también debatieron nuevas medidas de seguridad.
En paralelo, los organizadores anunciaron protocolos de prevención de agresiones sexuales. Los propios manifestantes aclararon que esas medidas tienen «carácter preventivo».
La acampada fue impulsada por colectivos de izquierda para protestar por la crisis de la vivienda bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. También la organiza el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que reclama mayores regulaciones sobre alquileres y desalojos.
Las protestas tomaron más visibilidad tras el caso de María Carmen Abascal, de 87 años, desalojada el 23 de septiembre y fallecida después en el Hospital Gregorio Marañón, según la fuente.
La escena deja una lección incómoda para la izquierda que exige más control estatal sobre la vivienda. Cuando la protesta necesita protocolos internos, el problema ya no es solo político. También es de orden, convivencia y seguridad.
Y el costo termina cayendo sobre la libertad de vivir, alquilar y invertir con reglas claras. Más regulación no resuelve por sí sola la inseguridad. Solo multiplica la burocracia si falla el respeto básico por la propiedad y la convivencia.
