ARGENTINA (Pulso) — El Gobierno argentino publica este jueves la resolución que habilita la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. La concesión tendrá una duración de 50 años.
La red involucrada abarca 7.600 kilómetros. Atraviesa dieciséis provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Las líneas son la General San Martín, la General Urquiza y la General Belgrano.
El esquema se divide en tres ejes independientes. Primero: concesión de vías e inmuebles a dos operadores privados, con derecho a cobrar peajes. Segundo: concesión de talleres de reparación por el mismo plazo. Tercero: venta mediante remate público de locomotoras y vagones hoy en manos del Estado.
Condición central: queda prohibida la participación de empresas controladas por Estados extranjeros. El control operativo deberá quedar en manos exclusivamente privadas.
Los interesados podrán optar por dos modalidades. Una: concesión de vías solamente. Otra: concesión más adquisición del parque ferroviario de cada línea.
Los adjudicatarios podrán acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El Gobierno busca con ello propuestas más competitivas.
La convocatoria se gestiona vía plataforma CONTRAT.AR. Se publicará diez días en el Boletín Oficial, en DGMarket del Banco Mundial y en el sitio del Ministerio de Economía. Plazo de ofertas: 11 de noviembre, hasta las 9.59. Apertura de sobres: el mismo día, pasadas las 10.
Una vez firmados los contratos, Belgrano Cargas y Logística S.A. será disuelta y liquidada.
Lectura editorial. La operación es un caso de libro: el aparato estatal cede una red deficitaria al capital privado con reglas claras, plazo largo y acceso al RIGI. La prohibición a empresas de Estados extranjeros añade un filtro de soberanía que pocos gobiernos anteriores se atrevieron a fijar. Si el cronograma se cumple, Argentina cierra el año con un activo ferroviario fuera del balance público — y fuera del ciclo de subsidios crónicos que lo mantuvo en deterioro durante décadas.
