NICARAGUA (Pulso) — Confirmado. Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, renunció a su cargo. Lo informó este viernes el Diario Oficial La Gaceta.
Ramos ocupaba el puesto desde 1988. Alegó razones de salud. La Asamblea Nacional aceptó la renuncia mediante certificación.
Es la novena magistrada que dimite en dos años. Antes lo hicieron Yadira Centeno, Ellen Lewin, Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián, Manuel Martínez, Armando Juárez, Marvin Aguilar y Gerardo Arce.
Según la prensa local, Ramos había sido desalojada de su oficina por la Policía Nacional desde octubre de 2023. En su carta de renuncia, dijo actuar «como militante del Frente Sandinista».
Según analistas y opositores nicaragüenses citados por la agencia, los nueve jueces salientes respondían a Bayardo Arce Castaño y Lenín Cerna, ambos exasesores de Daniel Ortega. Arce fue arrestado e investigado por el Estado por corrupción, según la misma fuente.
Los magistrados salientes fueron sustituidos por jueces leales a Rosario Murillo, copresidenta y esposa de Ortega.
Desde febrero de 2025 la Corte Suprema opera con 10 magistrados, tras una reforma constitucional que redujo el número desde 16. Esa reforma, junto a la Ley Orgánica del Sistema Judicial, faculta a Ortega y Murillo a designar al titular de la CSJ por seis años. La norma derogó la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial.
La renovada legislación subordina el sistema de justicia a la Presidencia de la República, según el propio texto normativo citado por EFE.
El patrón es lineal: nueve salidas, nueve reemplazos afines al poder ejecutivo. Donde no hay jueces independientes, tampoco hay garantía real de propiedad, contrato ni inversión. La purga judicial nicaragüense no es un episodio aislado: es la arquitectura legal de un poder sin contrapesos, construida cargo por cargo desde 2023.
