PANAMÁ (Pulso) — El Órgano Judicial de Panamá trabaja en un registro estadístico de agresores condenados por violencia contra las mujeres.
La herramienta fue prevista en la Ley 82 de 2013. La institución informó que la plataforma sigue en fase de revisión y ajustes.
La iniciativa es coordinada por Ariadne Maribel García Angulo, magistrada de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Dirección de Modernización del Órgano Judicial administrará el sistema informático.
El artículo 33 de la Ley 82 ordena mantener un registro computarizado basado en condenas por hechos de violencia contra las mujeres. La norma exige recopilar información sobre víctimas, agresores, características de los casos, medidas adoptadas y sanciones impuestas.
Entre los datos previstos figuran edad, estado civil y ocupación de las personas involucradas. También se incluiría el vínculo entre la víctima y el condenado. Los juzgados deberán remitir la información cada año.
En enero de 2026, el Órgano Judicial ya había informado sobre una reunión para revisar el desarrollo de la plataforma. Entonces, García Angulo planteó añadir datos sobre cumplimiento de penas, indemnizaciones y duración de los procesos.
La comunicación más reciente no fija fecha de puesta en funcionamiento. Tampoco precisa cuántas sentencias se incluirán al inicio. Además, no detalla el acceso a la información personal ni el alcance de las consultas ciudadanas.
La Ley 82 también asigna tareas al Ministerio Público y a la Policía Nacional. El Ministerio Público deberá consultar el registro al evaluar medidas de protección. La Policía Nacional tendrá responsabilidades de registro y estadísticas.
Panamá avanza, además, en otro registro distinto, el de ofensores sexuales. Ese sistema fue creado por la Ley 244 de 2021 y su consulta pública fue autorizada por la Ley 501 del 24 de noviembre de 2025.
La diferencia importa. Un Estado serio no anuncia herramientas de control y luego las deja en revisión durante años. La protección de las víctimas exige ejecución, claridad y acceso ordenado. También exige menos demora burocrática y más resultados verificables.
