ESTADOS UNIDOS (Pulso) — La administración de Donald Trump anunció este lunes la revocación o restricción de visas para 27 funcionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El Departamento de Estado dijo que la medida responde a presuntos vínculos con corrupción, narcotráfico o acciones que afectan a gobiernos democráticamente elegidos. También alcanza, en algunos casos, a familiares directos.
Bolivia concentra la mayor cantidad de afectados. Estados Unidos revocó visas vigentes a 12 personas y declaró inelegibles a otras nueve. Entre los nombres difundidos aparecen Iván Lima Magne y José Luis Iriarte Cussi.
En Colombia, las medidas alcanzaron a Martha Isabel Peralta Epieyú y a Euclides Antonio Torres Romero, junto con sus familiares directos. Según la fuente, Peralta está vinculada a investigaciones del caso UNGRD. Torres fue mencionado en pesquisas sobre presunta financiación irregular de actividades ligadas a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
En Ecuador, Washington sancionó a dos ciudadanos y a sus familias, aunque no divulgó sus identidades. En Perú, la medida alcanzó al juez Juan Carlos Núñez Matos y a su núcleo familiar.
El Departamento de Estado fundamentó las restricciones en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esa norma permite impedir el ingreso cuando actividades de una persona pueden generar consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense.
La decisión muestra una vez más el peso del aparato estatal estadounidense como herramienta de presión. Washington usa el control migratorio para castigar conductas que considera incompatibles con el orden institucional.
Para la región, el mensaje es claro. Quien se aleja del estado de derecho o se acerca al narcotráfico enfrenta costos concretos. Para el contribuyente estadounidense, la medida busca proteger seguridad y política exterior con menos margen para la impunidad.
