COLOMBIA (Pulso) — El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, salió de Colombia el 17 de julio. Voló a Madrid, España. Doce días después, fue condenado.
El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá lo sentenció a 9 años de cárcel. Los delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
La causa: la fallida modernización del sistema de salud de Santa Marta. Caicedo delegó la contratación en un gerente estatal. El resultado, según la justicia, fue la demolición de varios puestos de salud.
La condena es de primera instancia. Fue apelada. El Tribunal Superior de Bogotá revisará el caso en segunda instancia.
El exministro y candidato presidencial Mauricio Lizcano cuestionó en X la ausencia de Caicedo. «Carlos Caicedo hizo de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas políticas», escribió. Pidió que «regrese, dé la cara y rinda cuentas ante la justicia».
La abogada de Caicedo, Diana Muñoz, respondió. Dijo que no existe medida de aseguramiento en su contra. Tampoco hay restricción de libertad. Puede entrar y salir del país «libremente», afirmó.
Muñoz añadió que Caicedo enfrenta «más de 400 procesos» penales y disciplinarios a lo largo de su carrera. Aseguró que a todos «ha hecho frente» y que este no será la excepción.
La secuencia es elocuente. Bandera anticorrupción, condena por corrupción, salida del país. Confirmado por la propia defensa: ninguna orden judicial le impide moverse.
El caso expone un vacío del sistema colombiano. Una condena a 9 años no basta para retener a un condenado si no hay medida de aseguramiento previa. Mientras la apelación avanza en Bogotá, Caicedo permanece en España, fuera del alcance inmediato de la justicia que dice acatar.
