NICARAGUA (Pulso) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió el 13 de agosto de 2026 un fallo histórico. Declaró al Estado de Nicaragua responsable de violar los derechos a la libertad, integridad personal, propiedad privada y garantías judiciales de Jason Puracal y su familia.
Puracal, exvoluntario del Cuerpo de Paz en Estelí y Jinotega, fue detenido el 11 de noviembre de 2010. Un escuadrón de 12 a 15 hombres armados irrumpió en su oficina en San Juan del Sur. No mostraron orden judicial. No permitieron contacto con abogado, embajada o esposa.
Según relató a Infobae, agentes lo golpearon con la culata de un arma durante el traslado a Managua. Pasó casi cuatro días en El Chipote sin ropa, sobre suelo sucio, con agua no potable. Luego fue trasladado a La Modelo, donde sufrió confinamiento en celdas sin luz.
La fiscalía lo acusó de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. El juez desestimó pruebas de la defensa e impidió testigos independientes, según el relato. El Tribunal de Apelaciones anuló su condena de 22 años en septiembre de 2012. Salió del país de noche por la frontera con Honduras.
La Corte IDH ordenó reparaciones económicas por más de 190,000 dólares y reformas legales urgentes. El régimen de Daniel Ortega guarda silencio ante el fallo.
Puracal aún sufre pesadillas y ansiedad social 14 años después. «La policía puede quitarte tu patrimonio, tu salud y tus bienes, pero no puede cambiar quién eres», dijo.
El caso expone el costo humano de la falta de garantías judiciales en regímenes sin controles al poder estatal. Para inversionistas y ciudadanos extranjeros en la región, la sentencia marca un precedente: la propiedad privada y el debido proceso no son negociables, aun cuando el aparato estatal decida ignorarlos durante más de una década.
