COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. La declaración de bienes y rentas del presidente Abelardo De la Espriella tiene errores de fondo, según fuentes expertas consultadas por El Colombiano.
El documento presentado ante Función Pública registra $10.272.863.000 en el apartado de «otros ingresos y rentas». Salarios, cesantías, honorarios y arriendos figuran en ceros.
Una fuente experta lo resume: «Cogieron la suma de patrimonio y la pusieron como ingresos, de resto lo rellenaron en ceros». Según esa misma fuente, lo que debería ir en ese apartado son los $10.272.863.000 de patrimonio, no como ingresos.
El total de costos y gastos deducibles declarados asciende a solo $6.436.000.
En el documento, De la Espriella declara no tener cónyuge. Sin embargo, según El Colombiano, lleva casado más de veinte años con Ana Lucía Pineda y tiene cuatro hijos con ella.
Tampoco aparecen sus empresas. El presidente declaró no ser socio de ninguna compañía y no tener inversiones en Colombia ni en el exterior. Según el documento revelado por Cambio, no figura vinculado a De la Espriella Lawyers, Ron Defensor, Cosenza, De la Espriella Style ni al restaurante Místico en Miami.
El patrimonio bruto declarado ante la DIAN suma $10.595.968.000. Sin embargo, la cuenta de efectivo registra solo $25.990.000 y las cuentas bancarias salen en ceros. Ante Función Pública declaró una sola cuenta de ahorros con saldo de $0 al 31 de diciembre de 2025.
Las fuentes señalan además que la declaración aparece como «finalizada», cuando las Personas Expuestas Políticamente pueden permanecer «en revisión» durante años.
Pulso Global observa: una declaración patrimonial es el instrumento básico de rendición de cuentas de quien ejerce el poder. Que el documento del presidente De la Espriella confunda patrimonio con ingresos, omita empresas activas y deje en ceros cuentas que deberían reflejar miles de millones no es un error menor de forma. Es una opacidad que debilita la confianza institucional y la que el propio De la Espriella prometió como diferencia con el petrismo. El escrutinio público de estas cifras no es persecución: es el precio del cargo.
