COLOMBIA (Pulso) — La Fiscalía General de la Nación respondió este domingo a las declaraciones de la exfiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt. Las calificó de «sesgadas, parciales e incompletas».
Laborde afirmó, en entrevista con Semana, que la fiscal general Luz Adriana Camargo le pidió retirar el delito de lavado de activos a Nicolás Petro. Según Laborde, Camargo le sugirió dejarle solo enriquecimiento ilícito e imponerle «una pena muy larga» en una guarnición militar.
La Fiscalía confirmó que la reunión ocurrió el 5 de septiembre de 2024. Sin embargo, negó que allí se haya impartido orden alguna para eliminar delitos. «No hubo coacción o presión», señala el comunicado oficial. El único objeto, según el ente, fue examinar una petición de la defensa para variar la calificación jurídica y llegar a un preacuerdo. A esa petición «no se accedió».
El organismo precisó además que Nicolás Petro ya había sido acusado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito antes de que Camargo asumiera el cargo. El fiscal Mario Burgos verbalizó la acusación en audiencias entre el 2 de noviembre de 2023 y el 11 de enero de 2024.
Laborde también denunció que, tras aquella reunión, fue trasladada a una sede en Barranquilla y que no fue tratada con las garantías adecuadas. La Fiscalía rechazó esa versión. Indicó que Laborde recibió «pleno respaldo institucional» hasta su retiro el 16 de julio pasado, y que fue ratificada en el caso ante dos peticiones de la defensa para apartarla.
Sobre su desvinculación, la Fiscalía explicó que obedeció a un concurso de méritos para proveer 4.000 cargos de planta. Según el comunicado, el 77% de los fiscales especializados de su misma categoría superaron las pruebas; Laborde no estuvo entre ellos.
El proceso contra Nicolás Petro continúa. La acusación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito se mantiene vigente, según el ente.
Lo que está en juego es la credibilidad del aparato judicial colombiano en un caso de alto perfil. Las denuncias de Laborde, si se acreditan, apuntarían a una interferencia directa desde la cúpula de la Fiscalía en favor del hijo del expresidente Petro. La respuesta institucional, en cambio, descansa en procedimientos y actas. El juicio oral dirá quién tiene razón; pero el daño a la confianza en el estado de derecho ya está hecho.
