PERU (Pulso) — El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó un grupo de trabajo sectorial. Su mandato: revisar las llamadas «leyes procrimen» aprobadas por el anterior Congreso.
La resolución fue publicada en el diario oficial El Peruano. Señala la necesidad de una «revisión integral de la legislación vigente» para identificar vacíos, inconsistencias y dificultades en su aplicación.
El grupo estará presidido por el viceministro de Justicia. Lo integran el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE y el director general de Asuntos Criminológicos. Sus integrantes actuarán ad honorem, según el documento.
La comisión deberá instalarse en cinco días hábiles. Tendrá una vigencia inicial de 30 días hábiles, ampliable por nueva resolución. Presentará informes mensuales a Ernesto Álvarez, titular del sector.
Entre sus funciones: consolidar aportes de instituciones, academia y sociedad civil, y formular proyectos de ley. Sus conclusiones no tendrán efectos jurídicos sobre terceros.
Según la fuente, las llamadas «leyes procrimen» fueron impulsadas por el fujimorismo y otras fuerzas conservadoras en el anterior Parlamento. Sus críticos sostienen que sus efectos fueron contrarios al objetivo de combatir la delincuencia.
A inicios de mes, la congresista Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, presentó un proyecto para derogar siete normas. Entre ellas, la Ley 31751 —conocida como Ley Soto— y su norma confirmatoria, la Ley 32104. La primera estableció un límite de un año para la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. La Corte Suprema cuestionó su constitucionalidad; el Tribunal Constitucional la declaró compatible con la Constitución.
Otra norma en la mira es la Ley 31989, que redujo las facultades de intervención inmediata de la Policía frente a la minería ilegal. Organizaciones de la sociedad civil señalaron, según la fuente, que esa reforma contribuyó a la expansión del sector ilegal.
Pulso Global observa: el aparato estatal peruano enfrenta ahora la tarea de deshacer legislación que, según especialistas y la propia sociedad civil, debilitó las herramientas de persecución del delito. El costo de esa permisividad normativa lo pagaron los ciudadanos. La comisión tiene plazo acotado; la prueba será si los proyectos de ley resultantes restauran el orden o quedan en papel.
