CHILE (Pulso) — Santiago, 24 de agosto de 2026. El presidente de Chile, José Antonio Kast, ingresó al Congreso una reforma constitucional de seguridad. La medida le permitiría decretar discrecionalmente un estado de excepción de ocho meses. Sin consulta previa al Parlamento.
La propuesta restringe libre circulación, derecho a reunión y asociación. También habilita la interceptación de comunicaciones sin orden judicial. Forma parte de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que incluye ocho modificaciones a la Carta Fundamental y un paquete de 19 iniciativas legales.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la reforma. Declaró en CNN que busca «intervenir ciertas zonas donde operan grupos terroristas o el crimen organizado». Zonas de «difícil penetración», según sus palabras.
Los críticos son contundentes. El constitucionalista Javier Couso, director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, dijo a EFE: «La reforma es sustancialmente peligrosa para la democracia». Agregó que otorgaría «poderes casi omnímodos al Presidente sin acuerdo del Congreso».
El experto en seguridad Jorge Araya, de la Universidad de Santiago, señaló que ni siquiera durante el estallido social de 2019 el expresidente Piñera declaró el estado de sitio. Calificó las medidas de «absolutamente abusivas».
Diego Pardo, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, advirtió que la interceptación de comunicaciones sin orden judicial es «particularmente preocupante». Recordó que fue una herramienta usada por la CNI durante la dictadura.
El constitucionalista Francisco Zúñiga, de la Universidad de Chile, caracterizó la propuesta como «populismo constitucional» y «un riesgo para el sistema democrático republicano».
Según una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, el 96 % de la ciudadanía considera al crimen organizado un «peligro directo para la seguridad nacional». La reforma comenzará a discutirse en el Congreso a inicios de septiembre.
Lectura editorial. El crimen organizado transnacional es real y urgente en Chile. Nadie lo niega. Pero concentrar facultades discrecionales en el Ejecutivo —sin contrapesos parlamentarios ni control judicial— es un precio que las democracias liberales han pagado caro históricamente. El libre mercado y la propiedad privada no prosperan donde el Estado puede interceptar comunicaciones sin orden de un juez. El debate que viene en el Senado es, en el fondo, sobre los límites del poder, no solo sobre la seguridad.
