Claudia Sheinbaum ofreció su Segundo Informe de gobierno. Habló durante una hora. Aseguró que dentro de su movimiento «no hay divisiones, no hay rompimientos». Defendió la soberanía frente a Estados Unidos. Volvió varias veces sobre la honestidad como sello de su gobierno.
Lo que no hizo, según documenta una columna de El Financiero, fue centrar el discurso en la corrupción. Hace un año, Sheinbaum hablaba de investigarla y sancionarla. Esta vez esa palabra quedó fuera del centro de la escena.
El último año dejó expedientes incómodos para el oficialismo: funcionarios investigados, gobiernos propios cuestionados, el caso Sinaloa, acusaciones de Estados Unidos y disputas internas. La sucesión de 2027 ya exige filtros sobre candidatos. En julio, la propia Presidencia reconoció el riesgo de que se imponga la idea de que «todos son iguales».
El expediente Rocha, en Sinaloa, deja una pregunta sin responder: qué pasó dentro de policías, fiscalías y funcionarios señalados. Sheinbaum exige a Estados Unidos pruebas cuando acusa a ciudadanos mexicanos. La columna señala que la soberanía también exige que México se investigue a sí mismo.
La presidenta atribuyó a la misoginia la idea de que López Obrador sigue decidiendo detrás de ella. La influencia del fundador sobre la sucesión sigue siendo, según el análisis citado, una pregunta política legítima y no solo de género.
Confirmado: el discurso presidencial cambió de categoría. La corrupción, que exige investigación y consecuencias, cedió terreno a la honestidad, que se acredita con resultados. Para un país que aún espera respuestas sobre Sinaloa y los funcionarios señalados, el cambio de nombre no resuelve el expediente pendiente. El Estado de derecho no se construye con relatos, sino con procesos que lleguen a su fin.
