ESTADOS UNIDOS (Pulso) — La administración Trump anunció la revocación de hasta 200.000 visas. La Casa Blanca lo describió como «la mayor revocación masiva de visas de la historia». El Departamento de Estado no confirmó la cifra, pero tampoco la desmintió.
El portavoz del Departamento de Estado, Pigott, explicó el criterio: extranjeros que ingresaron como visitantes de corta duración y luego solicitaron asilo. Su postura fue directa: «Obtener una visa para solicitar asilo es fraude, lo cual es motivo de revocación». Añadió: «Dejamos claro que una visa es un privilegio, no un derecho».
El proceso avanza de forma gradual. El Departamento de Seguridad Nacional ratificó que un caso de asilo pendiente no exime a nadie de ser arrestado. La revocación facilita la acción del ICE en la campaña de deportaciones.
Los números del colapso institucional son contundentes. El USCIS acumula aproximadamente 1,4 millones de casos de asilo pendientes. Los tribunales federales de inmigración del Departamento de Justicia arrastran 3,1 millones de expedientes en total; hasta 2,3 millones corresponden a casos de asilo, según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.
En julio, el ICE efectuó casi 50.000 arrestos, récord para esta administración, según datos del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley y la UCLA.
El mes pasado, el USCIS autorizó a sus oficiales a remitir casos directamente a tribunales sin entrevistas previas.
Lectura editorial. El colapso del sistema de asilo no es accidental: millones de expedientes represados son el resultado de años de incentivos perversos que convirtieron una figura humanitaria en puerta de entrada permanente. La medida Trump restaura una premisa básica del estado de derecho: las normas se cumplen o se pierden los beneficios. El contribuyente estadounidense cargó demasiado tiempo con el costo de esa disfunción burocrática. La corrección es tardía, pero necesaria.
