COLOMBIA (Pulso) — El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó el «presupuesto de la verdad» para 2027. La cifra sube de 575 a 635 billones de pesos.
El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó de «irresponsabilidad fiscal» el manejo previo. Según Restrepo, no se incluyeron gastos de pensiones, salud ni salarios públicos. Tampoco los intereses de la deuda ni recursos para universidades oficiales.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó finanzas «mucho más deterioradas» de lo esperado. «Después de cuatro años de mentiras, no podíamos seguir en lo mismo», dijo el ministro.
El servicio de la deuda subió 37,4 billones de pesos. El ministerio atribuye el alza a una «estrategia irresponsable de endeudamiento» del Gobierno anterior, que acumuló vencimientos de corto plazo a tasas más altas.
Pensiones, salud, subsidios de energía y gas, el Fepc y las elecciones regionales sumaban casi 24 billones desfinanciados. El déficit fiscal proyectado ahora es de 9,4%, frente al 6,7% calculado por la administración Petro.
El gasto en funcionamiento pasó de 367,7 a 392,6 billones. La deuda pasó de 118 a 155,4 billones. La inversión, en cambio, cae de 90 a 87 billones.
De cada 100 pesos del presupuesto, 86 se destinan a funcionamiento y deuda. Solo 14 quedan para inversión, según cifras del Gobierno.
Este fin de semana, en Barranquilla, el gabinete discutirá un recorte de gasto público de 21,9 billones para 2027. Gómez Martínez descartó financiar el hueco con una reforma tributaria basada en ingresos inexistentes, como hacía la administración anterior.
El verdadero examen llega ahora en el Congreso, donde el presupuesto enfrentará las comisiones económicas.
El episodio confirma lo que el actual Gobierno viene denunciando desde julio: las cuentas petristas escondían compromisos billonarios bajo maquillaje contable. Sincerar el hueco, aunque incómodo, es condición para cualquier ajuste real del Estado. La disyuntiva de fondo persiste: si el gasto en funcionamiento y deuda sigue devorando 86 de cada 100 pesos, la promesa de un Estado más pequeño y una inversión que llegue al ciudadano quedará, por ahora, aplazada.
