MEXICO (Pulso) — El «Foro para el crecimiento sostenible y equitativo» se realizó hace algunas semanas. Lo organizaron ocho economistas convocados por la presidenta Sheinbaum a principios de año.
El foro tuvo seis mesas temáticas. El economista Gabriel Casillas participó en la de inversión. Presentó cinco propuestas para elevar el crecimiento potencial del país.
Las primeras cuatro incluyen estabilidad regulatoria, recuperar inversionistas extranjeros en deuda pública, reducir la carga fiscal a empresas formales y crear una Secretaría de Infraestructura.
La quinta es la más sensible. Casillas la califica de «heterodoxa». Propone un mecanismo legislado y con supervisión judicial. Objetivo: convertir rentas ilegales en inversión formal, empleo verificable y desarme.
Aplicaría en regiones del sur-sureste o destinos como Acapulco, según el autor. Casillas compara la idea con la fundación de hoteles-casino en Las Vegas entre 1945 y 1966. También cita el proceso de paz colombiano con las FARC-EP.
Según el propio Casillas, la propuesta no aplicaría a delitos de alto impacto contra personas. No sustituiría la justicia penal. Exigiría trazabilidad financiera, reparación a víctimas, contribución fiscal, empleos formales y persecución total para quien incumpla.
«No sería una amnistía económica», escribe Casillas. La define como «herramienta excepcional de pacificación productiva». Reconoce, sin embargo, que es «una propuesta muy compleja para diseñar e implementar».
El economista advierte: «Si se diseña mal, una medida así sería inaceptable».
La propuesta llega en un país donde, según describe el propio autor, la violencia funciona como un impuesto sobre la inversión: el derecho de piso y la extorsión capturan el rendimiento esperado de cualquier proyecto.
Que una idea de legitimar rentas del crimen organizado —bajo cualquier condicionamiento— se discuta en un foro convocado desde Palacio Nacional revela algo más grave: el reconocimiento implícito de que el Estado mexicano no logra garantizar el derecho más elemental, operar sin amenazas, por la vía ordinaria del estado de derecho.
Cualquier esquema que dependa de la «buena fe» de estructuras criminales para desarmarse pone en riesgo el principio que debería ser innegociable: la propiedad privada y la inversión formal no se negocian con quien las extorsiona.
